Reformas Tributarias en América Latina. Qué escenarios presentan para Ecuador?

Principales tendencias en las reformas tributarias en América Latina (2024)

En 2024, la mayoría de países latinoamericanos emprendieron importantes reformas tributarias, tanto en sus leyes fiscales como en la gestión de sus administraciones tributarias. Hubo decenas de cambios legales y administrativos en al menos 18 países de la región durante el año. A pesar de las diferencias nacionales, es posible identificar patrones regionales, enfoques recurrentes y objetivos compartidos en estas reformas. En términos generales, las tendencias apuntaron a: fomentar la inversión y la reactivación económica, aumentar la recaudación con mayor equidad, simplificar el sistema para pequeños contribuyentes, aplicar amnistías fiscales puntuales y modernizar la administración tributaria para combatir la evasión. A continuación se analizan cada una de estas tendencias de forma accesible, destacando los objetivos que persiguen y ejemplos representativos en distintos países.

Incentivos fiscales para inversión y reactivación económica

Una tendencia clara en 2024 fue la implementación de incentivos tributarios para atraer inversiones y estimular sectores económicos estratégicos. Ante la necesidad de recuperar el crecimiento tras años difíciles, muchos gobiernos optaron por exoneraciones, reducciones de impuestos o créditos fiscales dirigidos a nuevas inversiones y actividades prioritarias. En palabras del informe del CIAT, “los países para incentivarlas (las inversiones) suelen utilizar el instrumento de aplicar beneficios fiscales a las inversiones”. Es decir, se otorgaron alivios tributarios condicionados a que empresas realicen proyectos que impulsen la economía.

• Fomento a grandes inversiones: Países como Argentina crearon regímenes especiales para atraer proyectos de gran escala. Por ejemplo, Argentina implementó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece varios beneficios fiscales a inversiones superiores a 200 millones de dólares, en ciertos sectores económicos prioritarios. De modo similar, Nicaragua estableció incentivos fiscales por 10 años (exenciones de Impuesto sobre la Renta, IVA, impuesto inmobiliario, etc.) para inversiones en infraestructura turística, buscando promover el turismo.

  
  

• Impulso a sectores clave: Varios gobiernos enfocaron beneficios tributarios en sectores específicos considerados estratégicos o vulnerables. Un caso común fue la agricultura: actividad sensible en muchas economías latinoamericanas. Guatemala, por ejemplo, creó dos regímenes simplificados especiales para pequeños productores agropecuarios (agricultores, artesanos y ganaderos), aplicando una tasa baja sobre sus ventas. México aumentó el umbral de ingresos exento de impuesto para pequeños agricultores dentro de su régimen simplificado (RESICO). Cuba dictó normas para apoyar al sector agrario: redujo al 2% la tasa del impuesto sobre los ingresos personales de productores agropecuarios y mantuvo un impuesto especial a las tierras ociosas, para incentivar su uso productivo. También se dieron incentivos al sector turismo (por ejemplo, exoneraciones tributarias en zonas turísticas de Ecuador) y a las industrias de energías renovables (Ecuador otorgó exenciones del Impuesto a la Renta a nuevas inversiones en energías limpias, e incluyó beneficios para proyectos de hidrógeno verde y gas natural).

  
  

• Créditos fiscales y estímulo al empleo: Algunas reformas ofrecieron créditos tributarios o deducciones para ciertas actividades con impacto social. Por ejemplo, Perú aprobó un crédito fiscal por reinversión de utilidades en los sectores textil, agrario y agroindustrial, así como una deducción especial por contratar nuevos trabajadores en determinados rubros. En Ecuador, con el fin de proteger el empleo, se otorgó una deducción adicional del 75% sobre gastos de salarios vinculados a la creación de nuevas plazas de trabajo, e incluso se redujo la tasa del impuesto sobre la renta para empresas que reinvirtieron sus utilidades. Estas medidas buscan incentivar la contratación y la reinversión de ganancias en la economía real.

  
  

Es importante notar que, paralelamente a la entrega de incentivos, algunos países comenzaron a controlar y limitar los beneficios fiscales para evitar abusos o pérdidas excesivas de recaudación. Costa Rica reglamentó una ley para supervisar las exenciones de impuestos: exige que quien reciba un beneficio fiscal esté al día con sus obligaciones tributarias y de seguridad social, y estableció un sistema electrónico (Exonet) para monitorear el uso correcto de las exoneraciones otorgadas. Por su parte, Brasil adoptó un enfoque de disciplina fiscal mediante un “paquete fiscal” que prohíbe crear o ampliar beneficios tributarios cuando el gobierno tenga déficit fiscal primario. Esta norma brasileña básicamente congela las exenciones en años de déficit y solo permite considerarlas nuevamente cuando se recupere el superávit, asegurando que las arcas públicas no se descuiden en aras de incentivos. En suma, la región combinó estímulos tributarios para reactivar la economía con mecanismos para racionalizar los gastos tributarios, buscando un equilibrio entre crecimiento económico y sostenibilidad fiscal.

Medidas para aumentar la recaudación y la equidad fiscal

Otra tendencia central fue la implementación de medidas tributarias para elevar los ingresos públicos, muchas veces con la intención explícita de que aporten más quienes tienen mayor capacidad económica. Los países de la región enfrentan presiones fiscales – legado de la pandemia, mayores demandas sociales y necesidad de reducir déficits – por lo que en 2024 varios subieron impuestos o crearon otros nuevos, intentando a la vez que el sistema sea más progresivo (es decir, que los de mayores ingresos o patrimonio contribuyan proporcionalmente más).

• Ajustes en impuestos al patrimonio y a las altas rentas: Hubo modificaciones destacables en impuestos que gravan la riqueza y los bienes. En Argentina, se reformó el Impuesto a los Bienes Personales (impuesto patrimonial nacional): se redujo su tasa, pero a la vez se eliminó la diferenciación que existía entre bienes en el país y bienes en el exterior (antes los activos en el extranjero pagaban una alícuota mayor). Además, Argentina derogó el Impuesto a la Transmisión de Inmuebles (un tributo a la venta de bienes raíces) como parte de sus cambios. Panamá también ajustó su Impuesto sobre Bienes Inmuebles, creando nuevas tablas diferenciadas: una para propiedades agropecuarias y otra para la vivienda principal o patrimonio familiar. Esto permite gravar con más precisión según el tipo de inmueble, aliviando por ejemplo la carga sobre la casa de habitación. En Uruguay, aunque no es un impuesto patrimonial, se aumentaron las deducciones permitidas en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, reduciendo la carga a ciertos contribuyentes y haciendo más llevadero el impuesto a nivel de clases medias. Todas estas acciones reflejan un esfuerzo por revisar los tributos patrimoniales y personales buscando un equilibrio entre recaudar más y no desalentar la inversión o el ahorro (de ahí que Argentina unificó la tasa de bienes locales/extranjeros a la baja para incentivar repatriación de capitales).

  
  

• Cambios en impuestos al consumo (IVA): En general, el IVA (Impuesto al Valor Agregado) no tuvo reformas estructurales profundas en la mayoría de países durante 2024. Sin embargo, hubo casos puntuales de aumento de la tasa para reforzar ingresos fiscales. El ejemplo más notable es Ecuador, donde se elevó la tasa general de IVA del 12% al 15%. Este incremento – adoptado en un contexto de necesidad fiscal urgente – demuestra la utilización del IVA como herramienta rápida de recaudación, aunque impacte en el costo de vida. En otros países se optó por medidas más específicas sobre el IVA: Venezuela otorgó exoneraciones de IVA a ciertos bienes o transacciones para aliviar a la población de aumentos de precios, mientras que Bolivia limitó el alcance de algunos créditos fiscales que reducen indebidamente el IVA pagado por las empresas (cerrando brechas en ese impuesto). Chile, por su parte, implementó ajustes en el régimen de IVA a exportadores, facilitando la devolución de crédito fiscal a las empresas exportadoras sin cambiar la tasa general, lo que mejora su liquidez. México amplió la aplicación del IVA a ciertos servicios digitales: dispuso que las plataformas extranjeras de intermediación que tengan almacenamiento de datos o operaciones en el país deben cobrar IVA a los usuarios locales, cerrando un vacío legal que algunas explotaban. Incluso Cuba, en un proyecto de reforma en trámite, propone transitar gradualmente de su actual impuesto sobre las ventas a un esquema de IVA moderno, siguiendo la tendencia regional. En síntesis, si bien no hubo una ola generalizada de aumentos de IVA, el impuesto al consumo sí fue ajustado en ciertos países como parte de las estrategias para obtener ingresos adicionales.

  
  

• Nuevos tributos y contribuciones especiales: Varios gobiernos introdujeron impuestos novedosos o contribuciones temporales para atender necesidades específicas de financiamiento. Ecuador sobresale, pues en 2024 creó tres impuestos nuevos calificados como “heterodoxos”: dos fueron contribuciones temporales sobre las utilidades empresariales (una sobre todas las sociedades, aplicada a las ganancias de 2022; otra específica sobre las utilidades de bancos y cooperativas de 2023). Estos tributos extraordinarios buscaron capturar recursos de empresas con buenos resultados para destinarlos a seguridad y necesidades urgentes del Estado. El tercer impuesto ecuatoriano, de carácter permanente, fue el Impuesto Único a los Operadores de Pronósticos Deportivos (es decir, a las empresas de apuestas y juegos en línea), con una tasa del 15% sobre sus ingresos y además una retención del 15% a los premios que ganan los apostadores. De esta manera, Ecuador amplió su base gravable hacia la floreciente industria de apuestas deportivas, alineándose con una tendencia global de gravar este tipo de actividades.

  
  

Otros países también acudieron a nuevos impuestos sectoriales o contribuciones solidarias. Venezuela, por ejemplo, creó una Contribución Especial a la Seguridad Social que recae sobre todas las personas jurídicas (empresas) – incluidas sociedades de hecho – por las actividades económicas que realicen en el país【. Esta contribución, permanente, tiene la finalidad específica de “coadyuvar en la protección especial de las pensiones”【, es decir, aportar fondos adicionales al sistema de seguridad social venezolano en un contexto de déficit en dicho sistema. Por su parte, Brasil se adelantó a los acuerdos internacionales e implementó en 2024 un régimen de tributación mínima para grandes corporaciones multinacionales, en línea con el Pilar 2 de la OCDE. A través de una sobretasa en su Contribución Social sobre el Beneficio (CSLL), Brasil garantiza que las multinacionales con presencia en el país paguen al menos un impuesto mínimo global sobre sus ganancias, evitando la erosión de la base imponible por estrategias de desvío de utilidades. Esta medida no solo aumenta la recaudación de empresas gigantes, sino que también promueve mayor justicia tributaria a nivel internacional.

En conjunto, el objetivo compartido de estas medidas fue fortalecer las finanzas públicas haciendo que los que “más tienen, más paguen”, ya sea a través de tributos directos a la riqueza, al consumo general o a sectores con mayor capacidad contributiva. Son reformas que buscan aumentar ingresos sin recaer únicamente en los contribuyentes habituales, sino ampliando la carga hacia segmentos antes menos gravados (grandes patrimonios, ganancias extraordinarias, actividades emergentes como la economía digital o las apuestas en línea). De esa manera se persigue mayor equidad vertical (que aporten más los de mayor ingreso) y también horizontal (que nuevas actividades económicas entren al sistema tributario). Cabe notar que muchas de estas iniciativas se inspiran mutuamente en la región e incluso siguen recomendaciones internacionales. Por ejemplo, la adopción de impuestos mínimos corporativos y otras acciones contra la evasión de multinacionales muestran cómo los países latinoamericanos están incorporando medidas impulsadas por la OCDE para lidiar con la elusión y evasión global. En definitiva, en 2024 Latinoamérica buscó recaudar más y de forma más justa, respondiendo a la necesidad fiscal y a la demanda social de sistemas tributarios menos desiguales.

Simplificación tributaria y apoyo a pequeños contribuyentes

Un patrón notable en la región fue la simplificación del sistema tributario para micro y pequeños contribuyentes, con miras a facilitar la formalización de la economía informal. Dado el contexto económico y social latinoamericano, es prioritario incluir a emprendedores y pequeños negocios en la base gravable, pero sin asfixiarlos con cargas complejas. Por ello, muchos países cuentan con regímenes especiales para contribuyentes de menor capacidad contributiva, y durante 2024 varios los expandieron o reformaron, mostrando incluso innovaciones reconocidas a nivel internacional.

• Actualización de regímenes simplificados existentes: En Argentina, se amplió el Monotributo, que es el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Se incrementaron significativamente los límites de facturación máxima para poder acogerse a este sistema, permitiendo que más microempresas y trabajadores independientes tributen de forma simplificada con una cuota unificada. Esto favorece la formalización, ya que aquellos que hubieran “graduado” del Monotributo por aumentar sus ingresos pueden continuar en él en vez de pasar al régimen general (más complejo).

  
  

• Ajustes al régimen de microempresas en Ecuador: Ecuador modificó su régimen RIMPE (Régimen Impositivo para Microempresas y Emprendedores). En la categoría de Negocios Populares, cambió la forma de cálculo del impuesto anual: antes era una cuota fija y ahora se aplica una tasa progresiva según el nivel de ingresos, lo que resulta más equitativo; además, se excluyó del RIMPE a ciertos grupos como los artesanos, para darles un tratamiento especial independiente. En la categoría RIMPE Emprendedor, Ecuador estableció exenciones de retención en la fuente cuando a estos microempresarios se les pagan sus ventas mediante medios electrónicos【. Esta medida incentiva el uso de pagos bancarios o digitales (mayor transparencia) a la vez que alivia a los pequeños negocios de ciertas retenciones que merman su liquidez. En conjunto, las reformas ecuatorianas buscan que el régimen simplificado sea más justo y atractivo: progresivo según la capacidad real de pago y amigable con la formalización (premiando el pago electrónico).

  
  

• Nuevos regímenes para pequeños productores: Guatemala creó dos regímenes simplificados especialesorientados a pequeños contribuyentes de sectores rurales: uno para agricultores y artesanos, y otro para pequeños ganaderos. En estos esquemas, el impuesto se calcula aplicando un porcentaje muy bajo sobre las ventas, lo cual hace fácil su determinación y pago. De manera similar, México perfeccionó su Régimen de Confianza (RESICO) para pequeños negocios: introdujo un monto mínimo no imponible específico en el Impuesto sobre la Renta para actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Esto significa que los primeros ingresos de pequeños productores del campo quedaron exentos, aliviando la carga tributaria de los agricultores de menor escala.

  
  

El objetivo común de todas estas iniciativas es integrar a los pequeños negocios y trabajadores informales al sistema tributario mediante facilidades y cargas reducidas. Se busca que una tributación sencilla, con bajas tasas y trámites mínimos, anime a muchos a registrarse y cumplir voluntariamente, en lugar de mantenerse en la informalidad para evitar obligaciones engorrosas. Además, estos regímenes reconocen la capacidad contributiva limitada de los microemprendedores: buscan que aporten algo a los ingresos del Estado, pero sin poner en riesgo sus actividades. A largo plazo, al ensanchar la base de contribuyentes, se mejora la equidad horizontal (más personas aportando según sus posibilidades) y eventualmente se recauda más de un sector antes inalcanzable. Esta línea de acción – fomentar la inclusión tributaria – es un paso importante hacia sistemas fiscales más universales y formales en la región.

Amnistías y regularizaciones fiscales extraordinarias

Durante 2024 fue muy frecuente el uso de amnistías tributarias o regímenes de regularización de deudas fiscalescomo herramienta para recuperar ingresos atrasados y sanear cuentas pendientes con el fisco. Una amnistía fiscalgeneralmente permite a los contribuyentes morosos ponerse al día en sus obligaciones con facilidades: típicamente se perdonan total o parcialmente las multas e intereses acumulados, a cambio de que paguen el impuesto adeudado (y a veces una porción de esos recargos). Este tipo de medidas, que se consideran excepcionales y temporales, tuvo un alto dinamismo en la política tributaria regional de 2024.

De acuerdo con el CIAT, en el período analizado al menos 7 países aplicaron amnistías parciales de alcance general. Entre ellos se cuentan Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Perú, cada uno con su programa específico. Por ejemplo, Argentina estableció un “Régimen de Regularización Excepcional” para deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social, permitiendo a los deudores pagar con quitas en intereses y multas. México lanzó un “Programa de Regularización” fiscal que ofrecía facilidades de pago a ciertos contribuyentes con atrasos. Panamá decretó una Moratoria Tributaria que perdonaba recargos si se pagaba el principal adeudado. Perú implementó un régimen especial de fraccionamiento de deudas tributarias en cobranza, y Chile aprobó un mecanismo transitorio para concluir juicios tributarios pendientes mediante el pago del impuesto y condonación de multas e intereses. Incluso Ecuador se sumó a esta tendencia: además de un régimen general de “remisión” de intereses y multas para quienes pagaran pronto sus deudas, instauró de forma permanente un beneficio que condona el 75% de intereses y multas si el contribuyente paga voluntariamente dentro de los 7 días de ser notificado de una determinación tributaria. Esto último convierte una práctica de amnistía en un incentivo permanente al pronto pago ante fiscalizaciones.

El denominador común de estas iniciativas es maximizar la recaudación inmediata de deudas y limpiar la mora existente, a la vez que se brinda un alivio a los contribuyentes rezagados para que retornen al cumplimiento. En muchos casos, las amnistías se justifican por la existencia de una “brecha tributaria” grande – es decir, una porción significativa de la economía o de los contribuyentes que no está al día con sus impuestos. Al otorgar un período de perdón de sanciones, se busca normalizar esas obligaciones tributarias y, de paso, incentivar que esos actores se mantengan formales en adelante. También hay un componente de reactivación económica: al remover cargas financieras (multas, intereses) del pasado, se libera a empresas y personas para que puedan operar sin deudas asfixiantes.

Sin embargo, los gobiernos son cuidadosos en plantear estas amnistías como medidas excepcionales. Si se repiten con demasiada frecuencia, podrían minar la moral tributaria (los cumplidores podrían sentir que fueron tratados injustamente y los morosos esperar futuras amnistías). De hecho, algunos países impusieron condiciones para evitar abusos: México excluyó de su programa a las grandes empresas (que en el pasado fueron las más beneficiadas por este tipo de perdones), y Panamá exigió pagar también parte de la multa para acogerse, no solo el impuesto. En todo caso, 2024 demostró que la amnistía fiscal sigue siendo una herramienta muy utilizada en Latinoamérica en contextos de necesidad fiscal, siempre con la esperanza de que sea la última vez. En la práctica, funcionó como un “borrón y cuenta nueva” que permitió recuperar ingresos para las arcas públicas en el corto plazo y ampliar la base de contribuyentes cumplidores de cara al futuro.

Fortalecimiento de la administración tributaria y combate a la evasión

Finalmente, una tendencia transversal en la región fue el reforzamiento de las administraciones tributarias (las agencias encargadas de recaudar impuestos) y la implementación de nuevas facultades y herramientas para combatir la evasión fiscal. Los gobiernos reconocen que de poco sirven las leyes tributarias si no se pueden hacer cumplir; por ello, en 2024 se aprobaron numerosas medidas orientadas a modernizar las autoridades fiscales, cerrar vacíos legales y mejorar la fiscalización. De hecho, el CIAT reporta que en el año se verificó la aplicación de 66 programas de modernización de administraciones tributarias y otros 12 estaban en trámite, con países como Chile, Panamá y México destacándose en este aspecto.

Algunas manifestaciones clave de este esfuerzo de fortalecimiento fueron:

• Reestructuración y nuevas agencias recaudadoras: En casos donde el modelo institucional existente mostraba limitaciones, se optó por reorganizar la entidad tributaria. Argentina creó en 2024 la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en reemplazo de su anterior ente recaudador (AFIP). La ARCA, con mayor autonomía, integra las funciones de impuestos internos y aduanas para mejorar la eficacia de la recaudación. Igualmente, Paraguay fusionó su Secretaría de Tributación con la Dirección de Aduanas para formar la nueva Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), un ente autónomo que unifica la gestión fiscal y aduanera. Estas reformas institucionales persiguen simplificar la administración y dotarla de más capacidades frente a la evasión en fronteras y sectores difíciles.

  
  

• Mayor poder de fiscalización (“más dientes” al fisco): Varias medidas dieron a las administraciones tributarias herramientas más fuertes para hacer cumplir la ley. Por ejemplo, en Argentina se implementó un mecanismo innovador de “bloqueo de pagos”: el fisco argentino puede bloquear la posibilidad de que ciertos contribuyentes catalogados como “no confiables” reciban cobros mediante tarjetas de crédito, débito u otros medios electrónicos. Es decir, si una empresa evasora está en la lista negra, no podrá operar con normalidad en el sistema financiero (no le procesarán pagos con tarjeta), lo que la presiona a regularizarse. Chile, en su amplia Reforma de Cumplimiento Tributario, incluyó medidas contra la evasión que van desde la modernización tecnológica de su Servicio de Impuestos Internos hasta la aplicación más efectiva de la cláusula general antielusión (GAAR), pasando por fortalecer al Defensor del Contribuyente y combatir el crimen organizado vinculado a fraude fiscal. En otras palabras, Chile atacó varias aristas: más tecnología, mejor asistencia al contribuyente y sanciones más severas a maniobras abusivas.

  
  

• Medidas específicas en Ecuador: Ecuador también adoptó un paquete significativo de acciones anti-evasión en 2024. Se estableció un régimen de auto-retención del impuesto para grandes contribuyentes, obligando a que estas empresas se practiquen retenciones a sí mismas (por ejemplo, sobre sus ventas) para asegurar un flujo anticipado de pago al fisco. Se eliminó una excepción que limitaba la aplicación de las normas de precios de transferencia, de modo que ahora más empresas que transan con vinculadas en el exterior quedan sujetas a control para evitar que desvíen utilidades a paraísos fiscales. Además, Ecuador implementó un régimen de “compañía extranjera controlada” (CFC), obligando a reportar y eventualmente gravar en el país las ganancias pasivas obtenidas por empresas offshore controladas por residentes ecuatorianos. En cuanto al control interno, creó un registro obligatorio de los operadores de apuestas en línea (para supervisar el nuevo impuesto a pronósticos deportivos) y dispuso la bancarización obligatoria de transacciones mayores a 500 USD con fines tributarios (es decir, operaciones de monto significativo deben hacerse vía bancos, facilitando el rastro para el fisco). Finalmente, endureció sanciones: por ejemplo, aumentó las multas por no entregar comprobantes de venta o por ocultar activos en el exterior, e incluso estableció la posibilidad de clausurar temporalmente negocios infractores, incluyendo el bloqueo de páginas web de comercios en línea que evadan impuestos【. Todas estas acciones buscan cerrar brechas de evasión y mejorar el cumplimiento voluntario mediante la disuasión y el control.

  
  

• Digitalización y factura electrónica: Continuó la expansión del uso de la facturación electrónica y sistemas digitales de control fiscal. Uruguay culminó en 2024 un proceso gradual que logró que todos los contribuyentes de IVA emitan factura electrónica (comprobante digital), eliminando virtualmente las facturas en papel y permitiendo al fisco monitorear en tiempo real las ventas declaradas. El Salvador definió requisitos para implementar su sistema de facturación electrónica, Costa Rica reglamentó aspectos técnicos para que los comprobantes electrónicos tengan efectos tributarios a partir de 2025, y Ecuador estableció sanciones específicas si no se emiten o transmiten las facturas electrónicas dentro de los plazos establecidos. Argentina hizo obligatoria la discriminación del IVA en los comprobantes de venta al consumidor final (esencialmente exige facturas con el IVA detallado incluso en ventas minoristas) para mayor transparencia en las transacciones. La factura electrónica se ha vuelto una herramienta crucial contra la evasión, pues reduce la posibilidad de subdeclarar ingresos y permite al fisco cruzar información de compras y ventas. Al finalizar 2024, la mayoría de países de la región tenía sistemas de factura electrónica en marcha o en desarrollo, marcando un avance significativo en la modernización administrativa.

  
  

• Transparencia internacional y beneficiarios finales: En línea con los estándares globales de transparencia, países latinoamericanos reforzaron la identificación de los beneficiarios finales (dueños reales de empresas y activos). Bolivia implementó un régimen para identificar al beneficiario final de las empresas a través de su registro de comercio, y Costa Rica puso en marcha un Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales para obtener esa información de todas las sociedades. Honduras presentó un proyecto de ley para un régimen de beneficiarios finales (pendiente de aprobación) y Guatemala anunció que propondría uno en 2025. Esto contribuye a combatir la evasión mediante empresas pantalla o cuentas en el exterior, ya que las autoridades fiscales pueden saber quién está detrás de cada entidad y así atribuir correctamente las rentas imponibles. Asimismo, como se mencionó antes, países como Chile y Perú actualizaron sus reglas de renta mundial y sociedades controladas en el exterior (CFC) para capturar ingresos pasivos que residentes traten de ocultar en paraísos fiscales. Estas reformas son parte del cumplimiento de compromisos internacionales (ej. estándares OCDE/GAFI) y reflejan un esfuerzo conjunto de la región por alinearse con prácticas globales anti-elusión.

  
  

• Incentivos para denunciar la evasión: De manera innovadora, algunas reformas incluyeron mecanismos de denuncia ciudadana contra evasores. Chile, en su Ley de Cumplimiento Tributario, estableció un programa de informantes que recompensa con el 10% de lo recuperado a quienes denuncien casos de evasión con pruebas concretas. Colombia propuso lo mismo (con recompensa del 20%), pero esa disposición no fue aprobada en la ley final, evidenciando que el tema genera debate. Este tipo de medidas busca involucrar a la sociedad en la lucha contra el fraude fiscal, aumentando el riesgo percibido por los evasores de ser descubiertos no solo por el fisco sino también por denuncias de terceros.

  
  

En conjunto, todas estas reformas administrativas comparten el propósito de mejorar la eficacia de la recaudación sin crear necesariamente nuevos impuestos, sino haciendo cumplir mejor los existentes. Los objetivos comunesincluyen: cerrar espacios a la evasión, facilitar el cumplimiento voluntario, proteger los derechos de los contribuyentes honestos y asegurar mayor objetividad y transparencia en las acciones del fisco. Las autoridades tributarias de la región han buscado “afilar los dientes” de la ley para perseguir a los incumplidores, a la vez que modernizan procesos y aprovechan la tecnología para servir mejor tanto a la fiscalización como al contribuyente cumplidor. Vale destacar que muchas problemáticas trascienden fronteras – por ejemplo, la evasión sofisticada de multinacionales y grandes fortunas es una preocupación común en varios países – por lo que se observa una convergencia de soluciones: se comparten mejores prácticas regionales y se adoptan estándares internacionales promovidos por la OCDE en materia de transparencia y combate a la elusión. En resumen, las reformas tributarias latinoamericanas de 2024, pese a su diversidad, estuvieron orientadas por objetivos compartidos: incrementar la recaudación, promover la equidad, incentivar la inversión y modernizar la administración para lograr sistemas fiscales más eficientes y justos.

Posibles medidas tributarias para Ecuador basadas en tendencias regionales

Finalmente, con base en las tendencias observadas en la región, a continuación se presentan posibles escenarios de medidas tributarias que podrían implementarse en Ecuador. Estas medidas hipotéticas se describen junto con su motivación y los impactos potenciales tanto para la ciudadanía como para el sector empresarial, considerando efectos positivos y negativos:

Descripción de la posible medida	Objetivo o motivación	Impacto potencial en ciudadanos	Impacto potencial en empresarios
Bajar la tasa del IVA (del 15% al 12%).	Estimular el consumo interno y aliviar la carga tributaria sobre los ciudadanos, reactivando la economía.	Positivo: Reducción en el costo de los productos y servicios, lo que puede mejorar el poder adquisitivo de las familias. Negativo: Menos recursos para el Estado, lo que podría afectar la financiación de programas sociales y servicios públicos.	Positivo: Mayor capacidad de compra por parte de los consumidores, lo que puede impulsar las ventas. Negativo: Menos ingresos fiscales para financiar proyectos y programas de incentivos a largo plazo.
Impuesto a las grandes fortunas(gravamen al patrimonio elevado).	Obtener recursos de quienes poseen altos patrimonios, aumentando la equidad tributaria (que los más ricos aporten más).	Positivo: Mayor justicia fiscal: quienes tienen mayor riqueza contribuyen en mayor medida; fondos extra para programas sociales. Negativo: Riesgo de fuga de capitales o menores inversiones si los acaudalados buscan evitar el impuesto, lo que podría afectar la economía en el largo plazo.	Positivo: Nivelación del campo de juego, reduciendo ventajas de empresas ligadas a fortunas que antes podían eludir impuestos. Negativo: Los dueños de grandes empresas tendrían mayor carga fiscal, pudiendo afectar la reinversión de utilidades o la expansión de sus negocios.
Incentivos fiscales a inversiones y empleo(exenciones o créditos tributarios a sectores estratégicos).	Promover la inversión en sectores prioritarios (como turismo, agricultura, tecnología) y estimular la creación de empleos, dinamizando la economía.	Positivo: Generación de nuevas fuentes de trabajo y mayor actividad económica local (beneficio para comunidades con proyectos de inversión). Negativo: Menor recaudación a corto plazo (el Estado deja de percibir impuestos de los beneficiados), pudiendo restar recursos para otros gastos públicos; percepción de privilegios si solo ciertos sectores reciben los beneficios.	Positivo: Alivio tributario para empresas que les permite emprender proyectos, aumentar producción o contratar más personal. Negativo: Empresas no alcanzadas por el incentivo podrían considerarlo competencia desleal; si los incentivos son temporales, podrían generar incertidumbre una vez que expiren.
Ampliación del régimen simplificadopara microempresas.	Facilitar la formalización de pequeños negocios reduciendo sus cargas tributarias y trámites, promoviendo el emprendimiento.	Positivo: Más emprendedores y trabajadores informales se integrarían a la economía formal con baja carga impositiva, generando empleo e ingresos legales. Negativo: Ligera merma en la recaudación proveniente de este segmento (por las bajas tasas); riesgo de que algunos negocios más grandes se fragmenten o simulen ser microempresas para pagar menos impuestos.	Positivo: Las microempresas y startups enfrentan menos costos y burocracia, aumentando sus probabilidades de éxito y supervivencia. Negativo: Empresas medianas pueden percibir una competencia desigual si muchos operan bajo régimen simplificado sin los mismos costes; podría desincentivar el crecimiento de negocios que prefieran quedarse pequeños para seguir en el régimen.
Amnistía tributaria temporal(perdón de multas e intereses por pago de impuestos atrasados).	Recuperar ingresos por deudas tributarias vencidas e incentivar a contribuyentes morosos a ponerse al día, ampliando la base de contribuyentes cumplidores.	Positivo: Entrada extraordinaria de recursos al fisco que pueden destinarse a inversión pública; las personas o empresas con deudas reciben alivio y pueden retomar actividad económica normal al salir de morosidad. Negativo: Puede percibirse como injusto para los contribuyentes que siempre cumplieron (desigualdad ante la ley); el recurrir frecuentemente a amnistías podría fomentar la cultura de esperar “perdones” en lugar de pagar a tiempo.	Positivo: Empresas endeudadas logran sanear sus obligaciones con descuentos en intereses y multas, mejorando su salud financiera y su capacidad de inversión futura. Negativo: Las empresas que cumplieron sienten que no obtienen beneficios similares (penalización al cumplidor); además, podría crearse expectativa en el sector empresarial de futuras amnistías, minando la disciplina de pago.